«Convenios entre empresas del sector minero-energético y fuerza pública» presentado por Iván Cepeda Castro en la Comisión II del Senado en 2015, examina la relación entre las empresas transnacionales del sector minero-energético y las fuerzas públicas en Colombia. Destaca cómo la militarización de territorios, justificándose en el conflicto armado y los conflictos socioambientales y sindicales, ha derivado en más de 1,200 convenios de cooperación desde la década de 1990. Estos convenios, que incluyen la creación de batallones especiales y centros de operaciones para proteger infraestructuras críticas, han suscitado preocupaciones sobre la privatización de la fuerza pública, violaciones de derechos humanos y pérdida de soberanía nacional. Además, se cuestiona la transparencia y la legalidad de estos acuerdos, proponiendo una necesidad de reglamentación más estricta y control sobre los recursos involucrados.
