En este artículo se examina, en primer lugar, un conjunto de marcos conceptuales que sirven de referencia para calificar una determinada política económica como equitativa (o justa), singularizándose una perspectiva “rawlsiana” como la más compatible con los valores de nuestras democracias liberales; de acuerdo con esta visión, las medidas de compensación de perdedores que una política justa debería incorporar, habrán de focalizar su atención en los colectivos sociales más desfavorecidos. Pero, aunque se remita a principios de carácter general, una política económica justa debería evaluarse en relación a alternativas factibles en el mundo real y no en comparación con construcciones ideales; por otro lado, su eventual trade off con respecto al requisito de eficiencia debería tener en cuenta que la cuantificación e incluso el signo de este dilema en un mundo de condiciones subóptimas están lejos de ser claros. En segundo lugar, se describen los rasgos más característicos de la política de reconversión industrial, desarrollada en los años ochenta y primera mitad de los noventa del siglo pasado, dirigida a promover el ajuste ordenado de sectores industriales en crisis, preservando en ellos un núcleo productivo competitivo a medio y largo plazo y articulando medidas de acompañamiento en los ámbitos de la política industrial, laboral y regional para minimizar el impacto en los colectivos sociales y áreas geográficas afectados. Por último, se señalan las semejanzas y diferencias, en la definición y ejecución de una política justa, entre la política de reconversión industrial y la política de transición energética.
